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La condena internacional a Paraguay por el caso Rubén Portillo, en el centro del informe de la CODEHUPY

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) presentó este martes 10 de diciembre en conferencia de prensa su Informe Derechos Humanos Paraguay 2019, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El material trae 43 artículos que analizan la situación de diversos derechos, junto con propuestas de reparación, frente a los grandes desafíos que tiene Paraguay en la materia.

Formaron parte de la mesa de conferencia Guillermina Kanonnikoff, histórica activista por la memoria y los derechos humanos; Óscar Ayala Amarilla, secretario general de la CODEHUPY; Julia Cabello, relatora jurídica del informe y; Ramón Corvalán, director académico del material.

Una de las principales preocupaciones del Informe 2019 tiene relación con la vulneración de los derechos ambientales de la sociedad paraguaya, amenazados por varios caos ambientales.

“Esto determinó que este año el Paraguay haya sido el primer país del mundo encontrado como responsable – por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- de la violación del derecho a la vida, por el vertido indiscriminado de agrotóxicos y la afectación del derecho a la vida de Rubén Portillo”, explicó Julia Cabello.

Además de esto, la deforestación de más de 300 mil hectáreas en el Chaco; la crisis del Jardín Botánico; las quemazones y las inundaciones, con la declaración de emergencia ambiental en 12 de los 17 departamentos del país nos hablan de una enorme improvisación en materia ambiental por parte del Estado, dijo.

El tema destacado del año dentro del Informe habla sobre la cuestión de Itaipú, no solamente desde la perspectiva de soberanía energética, sino también desde la perspectiva de la memoria histórica.

“La construcción de la represa de Itaipú supuso la alteración del medio ambiente de una manera tal que hizo desaparecer los Saltos del Guairá; desplazó a más de 35 comunidades indígenas; alteró la navegación del Río Paraná; y, por otra parte, generó una clase social y económica que ha tenido determinación para sostener la dictadura y prolongarse sobre los gobiernos sucesivos”, señaló Óscar Ayala Amarilla.

“El tema de Itaipú para nosotros representa eso, memoria histórica para construir el futuro que queremos para Paraguay”, dijo, con miras a la renegociación del tratado, previsto para 2023.

Otra de las preocupaciones principales del Informe 2019 tiene que ver con la creciente estigmatización de defensores de derechos humanos, que este año tuvo la característica de generarse a partir de la intervención pública de altos funcionarios del Estado o de autoridades municipales.

El episodio de violencia registrado contra manifestantes defensores de derechos LGTBI en la ciudad de Hernandarias, a partir de las declaraciones del intendente de dicha ciudad, ilustran este fenómeno.

“Ya no es recomendable esto que nos dice el Ejecutivo de creer en él. En términos de garantías de derechos humanos tenemos que hablar de cuestiones muy concretas, como las políticas públicas, que a su vez exigen presupuesto, lo que nos obliga pensar en una reforma tributaria. De lo contrario vamos a seguir en una decadencia institucional”, dijo Ramón Corvalán, en relación a la institucionalidad estatal y los derechos.

Otros temas señalados fueron el proyecto de mercantilización de la salud pública; las amenazas de ciertos sectores religiosos sobre el derecho a la educación y el alcance de una educación de calidad; la ausencia de políticas públicas en torno al derecho a la reforma agraria, donde fue un año de desalojos a familias campesinas y periurbanas, que tiene como fondo un contexto estructural de acaparamiento de tierras.

También la situación de los derechos al trabajo, a la libertad de expresión e información y los derechos de personas privadas de libertad.

La presentación del Informe 2019 se hace en el contexto de los 30 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, recordó Guillermin Kanonnikoff, y los 20 años de la CODEHUPY, cuya labora ilustra la importancia de la sociedad civil en la defensa de derechos humanos.

Desde 1996 el Informe representa una de las contribuciones más importantes de la sociedad civil en el monitoreo del comportamiento del Estado paraguayo en torno a sus obligaciones.

El acto de presentación incluyó, además, una exposición fotográfica sobre derechos humanos y sobre los 6 campesinos, a partir del trabajo de los reporteros gráficos Jorge Sáenz, Santi Carneri y Amadeo Velázquez.

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