En conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Prof. Dr. Isaías Fretes, acompañado de autoridades administrativas, jurídicas y de auditoría de la institución, dio a conocer los resultados preliminares de los trabajos de fiscalización realizados en torno a proyectos y procedimientos administrativos, en el marco de las medidas de control interno y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El titular de la cartera sanitaria señaló que, ante la detección de posibles irregularidades, se ordenó profundizar las investigaciones y adoptar las medidas correspondientes.
“Esta administración no va a permitir irregularidades. Vamos a actuar con transparencia y seguiremos informando al pueblo, rindiendo cuentas sobre lo que ocurre con su dinero”, expresó.
Auditoría forense en proyecto ejecutado mediante SENASA
Uno de los puntos abordados fue sobre un contrato de consultoría de apoyo técnico y fiduciario para el proyecto de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas". La consultoría es por la suma G. 36.060.099.132 y el proyecto de construcción por más de 55 millones de dólares.
El director general de Auditoría, Santiago Laguardia, informó que se detectaron presuntas irregularidades vinculadas al incumplimiento de la cobertura de seguros y deficiencias en el cumplimiento del contrato de consultoría, como ser en la distribución de los sistemas de agua potable destinados al consumo humano en comunidades indígenas, entre ellas Laguna Negra y La Patria.
Asimismo, señaló que se identificaron debilidades en el monitoreo y control de las obras, con un eventual perjuicio patrimonial estimado inicialmente por el SENASA en aproximadamente G. 8.530 millones. Ante dicha situación se ha ordenado una auditoría interna.
Por su parte, el director general de Asesoría Jurídica, Abg. Gustavo Irala, confirmó que se dispuso la rescisión del contrato con la empresa involucrada, conforme a dichos informes. Además, anunció que los antecedentes serán remitidos a la Procuraduría General de la República para impulsar las acciones de recuperación de los recursos públicos y que se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de encontrarse indicios de hecho punibles. Esto, sin perjuicio de los sumarios administrativos que pudieran corresponder a funcionarios, en caso de identificarse responsabilidades.
Hallazgos en auditorías sobre el uso de combustible
Durante la conferencia también se presentaron avances de las auditorías relacionadas con el uso de combustible en establecimientos y servicios dependientes del Ministerio de Salud.
Laguardia explicó que, a partir de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la XV Región Sanitaria – Presidente Hayes, se amplió el alcance de la auditoría al periodo comprendido entre enero y septiembre.
Entre los principales hallazgos se mencionaron:
G. 180.391.114: cargas de combustible cuyos tickets de respaldo no fueron encontrados durante las verificaciones.
G. 63 millones: cargas de combustible registradas para generadores de Unidades de Salud de la Familia (USF), que presentan inconsistencias y requieren profundizar las verificaciones.
El director de Auditoría informó que estos antecedentes ya fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público y que tres funcionarios fueron separados de sus cargos en el marco de las medidas adoptadas.
Asimismo, se extendieron los trabajos de fiscalización a la II Región Sanitaria - San Pedro, donde se detectaron presuntas alteraciones en los registros de odómetros de vehículos y cargas de combustible en ambulancias que no contaban con registros de pacientes trasladados que respaldaran los recorridos declarados. El monto observado en esta región asciende aproximadamente a G. 300 millones.
Actualmente, las auditorías también abarcan las regiones sanitarias de Cordillera, Guairá y Paraguarí. Los procedimientos de control serán extendidos progresivamente a las demás regiones del país.
El ministro Fretes enfatizó que la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos representan principios irrenunciables de su gestión. En ese sentido, aseguró que las auditorías alcanzarán los procesos que sean necesarios, independientemente de cuándo se hayan producido los hechos.
“Mi obligación es ordenar las auditorías cuando existen dudas sobre la transparencia. Tenemos instrucciones precisas de trabajar con honestidad, con transparencia y con índice de error cero”, afirmó.
Aclaración sobre los pagos a la empresa Wels
En relación con las consultas sobre los pagos realizados a la empresa Wels, el Ministerio de Salud aclaró que la firma mantiene un contrato vigente, por un periodo de 12 meses, adjudicado mediante un proceso de Licitación Pública Nacional y conforme a los mecanismos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
La empresa presta un servicio esencial para el sistema sanitario, la recolección, transporte y disposición final de residuos patológicos en las 18 regiones sanitarias, bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), dependencia del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud.
Asimismo, se explicó que los pagos forman parte de un procedimiento administrativo que involucra a la Dirección General de Administración y Finanzas y al Ministerio de Economía y Finanzas, que administra el sistema de pagos y determina la disponibilidad del plan de caja.
En ese sentido, Recalde aclaró que las obligaciones procesadas en la fecha 31 de octubre no correspondieron exclusivamente a Wels, sino a un total de 156 proveedores de la cartera sanitaria.
El ministro Fretes aclaró que, si bien los hechos corresponden a un proceso anterior a su gestión, dispuso auditar no solo el procedimiento licitatorio de la empresa Wels, sino también la modalidad de pagos, a fin de verificar que no se hayan otorgado ventajas o preferencias indebidas a la empresa contratada.
La conferencia contó con la participación del viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde; del director general de Asesoría Jurídica, Abg. Gustavo Irala; de la directora general de Administración y Finanzas, Lic. Rita Villalba; y del director general de Auditoría, Santiago Laguardia.
El Ministerio de Salud Pública ratifica su compromiso con la protección de los recursos del Estado y la adopción de las medidas administrativas y judiciales que correspondan, garantizando la rendición de cuentas a la ciudadanía.
|