El acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar iniciativas en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de Emboscada y el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa CONMEBOL SUMA Fútbol 360º, una propuesta que utiliza el fútbol como una herramienta de inclusión, aprendizaje y protección para SUMAR bienestar, capacidades y un mejor futuro a las personas privadas de libertad.
Uno de los aspectos centrales del convenio contempla la elaboración de bienes por encargo de la Confederación, incluyendo la utilización de materiales reutilizados provenientes de competiciones, eventos y actividades organizadas por la institución. Esta acción permite vincular la sostenibilidad ambiental con la producción y la reinserción laboral intramuros.
Además, las instituciones podrán impulsar acciones complementarias como capacitaciones técnicas, fortalecimiento de talleres productivos, provisión de equipamientos y programas de voluntariado destinadas a consolidar el proceso de preparación para la vida en libertad.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó la relevancia del acuerdo y lo calificó como un hecho histórico para el sistema penitenciario paraguayo:
“Hoy estamos ante un hecho histórico para el sistema penitenciario paraguayo. La firma de este acuerdo con CONMEBOL representa mucho más que un convenio de cooperación: significa abrir nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad y generar herramientas concretas para su reinserción laboral”.
“Estamos convencidos de que la reinserción se construye con oportunidades. Este acuerdo nos permite sumar a un aliado estratégico de enorme relevancia y avanzar hacia un modelo que prepare a las personas para el retorno a la sociedad, fortaleciendo sus capacidades y generando posibilidades reales de trabajo”, sostuvo Nicora.
El convenio contempla también el fortalecimiento del trabajo asociativo como eje del proceso de reinserción, promoviendo la autonomía progresiva de las asociaciones de personas privadas de libertad mediante acompañamiento técnico, jurídico y administrativo. Asimismo, los productos elaborados llevarán una identificación especial que visibilizará tanto el origen de los materiales reciclados como su impacto social.
El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, renovables por acuerdo mutuo, consolidando la alianza entre el Estado y el sector privado de alcance internacional en favor de la rehabilitación y la convivencia democrática.
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